Lo que se conoce como derecho social a la información se integra básicamente con la recíproca obligación del Estado de suministrar información de interés público a la sociedad civil.

Una de las asignaturas pendientes del Estado argentino es el dictado de un sistema normativo referido al acceso a la información, por el que los funcionarios estén obligados a entregar la información de interés público requerida por cualquier ciudadano o por cualquier organización no gubernamental, para que haya mayor control social y transparencia.

Dado el grado de desarrollo de los actuales medios, recursos e instrumentos de comunicación, resulta evidente que, no puede considerarse cumplida esta obligación por las publicaciones efectuadas en medios arcaicos y sin distribución efectiva a la población en general, como los boletines oficiales y otros instrumentos similares de difusión.

Además, el Estado debe limitar al máximo la utilización del concepto de "información pública reservada", que debe reducirse a casos puntuales y taxativos que incidan real y directamente en la supervivencia del Estado, la Nación o la Comunidad.

Nuestra Asociación considera importante trabajar en defensa del acceso democrático a la información de interés público: impulsando normativa de protección y ejecución de este derecho, generando y difundiendo información de ese carácter, asesorando y capacitando a personas y organizaciones sobre sistemas, medios, recursos y herramientas de producción y difusión de la información, tanto respecto a los medios tradicionales y a los denominados "medios alternativos de difusión" como a los nuevos medios electrónicos de comunicación; y realizando diferentes actividades en colaboración con otras organizaciones y medios de comunicación.

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